Fueron tres años de juicio en el que se vieron las caras la Fiscalía Nacional Económica y las cadenas Cruz Verde y Salcobrand. El ente antimonopolio ganó la batalla ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Pero aún queda un capítulo pendiente, pues las empresas podrían acudir a la Corte Suprema. También quedan las dudas de si el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, iniciará acciones legales contra los laboratorios involucrados.

¿Cómo toma la resolución del TDLC?

– Estamos contentos. Se ha representado bien el interés general en la materia, es un mercado altamente sensible, por lo que un fallo de esta naturaleza mejora la libre competencia en Chile. Se logró acreditar y convencer al tribunal de que había mérito en la acusación y que hubo un alza concertada de precios a través de las cadenas de farmacias. El tribunal ha logrado procesar todas las pruebas directas e indirectas presentadas: los correos electrónicos, los análisis de alzas econométricas, la confesión de Fasa, etc.

¿Se evalúa investigar a los laboratorios que habrían servido de puentes para que las cadenas de farmacias elevaran sus precios?

– Este proceso se focalizaba en las cadenas de farmacias, tenía una razón de ser. Las cadenas fueron las responsables directas, porque fue a inciativa de ellas que se concretó este cartel. Ellas alzaron los precios y los laboratorios en contraste no fueron los que alzaron sus precios. Pero se va a seguir analizando el mercado de la salud.

Estamos haciendo una licitación para un análisis del mercado de la salud que debiera estar listo para fines de este año. Esto es del mercado en general, también respecto a cómo se conjuga Fonasa con las Isapres, los doctores, los laboratorios, etc.

¿Pero no tomarán alguna acción contra los laboratorios que entregaban información?

– Este caso en concreto es en relación con las cadenas de farmacias. Sobre contextos de investigación no hacemos declaraciones. La libertad para hacer investigaciones es privativo nuestro y tenemos que hacerlo bajo sigilo.

¿Qué opciones hay frente a la Corte Suprema?

– La Corte Suprema en un recurso de reclamación tendrá que tomar la investigación que crea conveniente, en base al mérito del fallo, pero ajuicio nuestro el fallo es contundente. Habrá que ver los argumentos que esgriman las requeridas, si es que lo hacen, en un contexto de recurso de reclamación. Pero estamos bastante tranquilos en nuestra estrategia legal y argumentación en relación con el fallo. Vamos a analizar, porque es un fallo largo y complejo, uno a uno los considerandos y la parte resolutiva.

¿Cuánto podría demorar el caso en la Suprema?

– En promedio, en la experiencia previa, entre tres y cinco meses dependiendo de la complejidad.

¿Habría prescripción para persiguir a los laboratorios?

– El alza era aprovechada por la farmacias, no por los laboratorios. La FNE tiene este estudio y siempre tenemos las facultades de investigar y esas facultades también pueden ser en términos confidenciales.

FARMACIAS–LABORATORIOS
“Ellas alzaron los precios y los laboratorios en contraste no”.

CORTE SUPREMA
“Estamos bastante tranquilos en nuestra estrategia legal y argumentación”.

Laboratorios estuvieron en la mira al inicio de la investigación

Al menos nueve de estas empresas pudieron ser objeto de investigación de la FNE. Hay ejecutivos procesados en la justicia ordinaria.

Cuando el hoy ex fiscal nacional económico, Enrique Vergara, inició la investigación en marzo de 2009 del mercado de las farmacias, había al menos nueve laboratorios que podrían haber sido objeto de análisis.

Entonces, la investigación recién comenzaba, por lo que la participación de algunos laboratorios en la colusión no estaba clara.

Pero los abogados querellantes del caso estiman que al ser los laboratorios quienes facilitaban las listas de precios, también tendrían que ser sancionados.

Al menos, en la justicia ordinaria se investigaron tanto a los ejecutivos de las farmacias como a los representantes de laboratorios médicos. Ellos están imputados en la causa y fueron formalizados en marzo de 2011 en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de alteración fraudulenta de precios.

La indagatoria penal está a cargo del mismo fiscal que ha llevado el caso La Polar, Luis Inostroza. La Fiscalía Centro Norte comenzó a investigar en mayo de 2009 a solicitud de parlamentarios.

Fuente : Pulso