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Girardi acusa de «pedófilos del Siglo XXI» a empresas de alimentos e industria se defiende

Girardi acusa de «pedófilos del Siglo XXI» a empresas de alimentos e industria se defiende
21 noviembre, 2014

Como «pedófilos del siglo XXI que violan los derechos humanos de los niños», calificó el senador Guido Girardi (PPD) a las empresas ligadas al rubro de los alimentos, en el marco de la Segunda Conferencia Internacional de Nutrición, convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), en Roma, Italia. En Chile, la declaración fue rechazada por la Asociación de Alimentos y Bebidas , que calificó sus dichos como «desproporcionados» y «de naturaleza injuriosa».

La declaración fue efectuada el miércoles pasado por Girardi –presidente de la Comisión de Salud del Senado–, quien fue invitado a la cita junto a una delegación en que participaron Enrique Accorsi, actual asesor de la ministra de Salud, Helia Molina y Tito Pizarro, jefe de Políticas Públicas de la cartera sanitaria. El grupo estaba presidido por el embajador de Chile en Italia, Fernando Ayala.

En la cita, el parlamentario expuso sobre los alcances de la Ley de Etiquetado de los Alimentos, cuyo reglamento está en proceso de elaboración por parte de la cartera de Salud y que establecerá los productos que deben ser calificados como excedidos en nutrientes críticos, como azúcar, sodio y grasas saturadas (ver nota secundaria).

Así, en el marco de su participación en un foro donde asistieron parlamentarios de 170 países, Girardi sostuvo que las firmas Nestlé, Kellogg´s, McDonald´s y Coca Cola «abusan de la credulidad de los niños», pues el consumo de estos alimentos, afirmó el senador, originaría enfermedades en la población.

El parlamentario añadió, además, que la industria ha amenazado con recurrir a la Organización Mundial de Comercio (OMC), debido a los alcances de la nueva norma, ante lo que anunció que «el país haría un boicot llamando a los chilenos a no comprar más productos de los pedófilos de Nestlé, Coca Cola, McDonald´s y Kellogg´s, que están intentando impedir la aplicación soberana de nuestras leyes».

También dijo que la comisión que encabeza está trabajando con un Instituto de Derechos Humanos y con Unicef para establecer una demanda contra las mencionadas compañías.

Fulvio Rossi, senador PS, respaldó a su par y sostuvo que «los productos que venden tienen una composición nutricional que daña la salud de los niños». Agregó que las empresas son «cómplices de los problemas de salud pública que existen en el mundo entero. Boicotean el reglamento del etiquetado».

Visión de la industria

Tras conocer los dichos, la industria expresó su rechazo. Rodrigo Alvarez, presidente de ABChile (gremio que agrupa a productores de alimentos y bebidas) señaló ayer que son de «naturaleza injuriosa, destemplada, absolutamente injustificada y, sin duda, cruzan toda la línea válida y legítima en los acuerdos o en las conversaciones del sector público y privado».

Añadió que los parlamentarios –Girardi y Rossi– están «presumiendo no solo intensiones, sino que calificando y usando como adjetivos eventuales delitos como elementos de comparación, que son absoluta y totalmente desproporcionados y deben ser rechazados en todos sus términos».

Alvarez afirmó que, debido a que estos planteamientos fueron realizados en un foro internacional, «comprometen la imagen del país».

Asimismo, respecto a la norma en trámite, el timonel de la industria dijo que el Ministerio de Salud ha elaborado un «mal reglamento» de la Ley de Etiquetado de Alimentos y que debería ser corregido.

El senador Francisco Chahuán (RN) –miembro de la comisión de Salud de la Cámara Alta–, explicó que «uno pude hacer denuncias, pero, en este caso, criminalizar a la industria me parece que excede cualquier norma básica de comportamiento y de respeto mutuo. No me parece (correcto) que él hable en nombre del Senado, en una reunión ante la FAO y en ese sentido llamo al senador a reconsiderar sus palabras».

Por su parte, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) manifestó a través de un comunicado que los dichos del legislador, «constituyen un agravio por atribuirle características de delito a una actividad absolutamente legítima y necesaria, que se desarrolla dentro del marco normativo vigente y que es altamente valorada por los chilenos».

Fuente : La Tercera