A un mes de estarse tramitando en el Congreso, el proyecto de ley que propone la creación del Sernac Financiero ha tenido complicaciones para el gobierno. Diputados oficialistas, de oposición e independientes, cuestionan las facultades reales de fiscalización y regulación que la iniciativa entrega al nuevo organismo, advirtiendo que no son claras y que tampoco marcan una diferencia con el actual Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). También objetan el presupuesto para la entidad, que bordea los $ 400 millones.

En este contexto y para evitar que el proyecto se entrampe en el Parlamento, el Ministerio de Economía baraja algunas propuestas que expondría en las próximas semanas a la Comisión de Economía de la Cámara Baja, donde revisan el texto, explican en la cartera. Una de las más relevantes sería la de potenciar las facultades reglamentarias del Sernac Financiero, permitiéndole fiscalizar y regular los contratos de las tarjetas de crédito del retail desde la Ley del Consumidor, potestad que hoy no tiene ningún organismo público.

El proyecto de Sernac Financiero es una de las prioridades legislativas del equipo económico y también de La Moneda. Personeros del Ejecutivo aseguran que urge aprobarlo, pues el Presidente Sebastián Piñera quiere que en marzo de 2011 –al cumplir un año de mandato– la ley esté operativa.

“Estamos estudiando las fórmulas para regular los contratos de las tarjetas de crédito no bancarias, porque ese giro no está claramente regulado, como sí los bancos, seguros o empresas de telefonía. El retail tiene dos entidades que lo monitorean de alguna manera, la Superintendencia de Bancos (Sbif) y el Banco Central, pero evidentemente no tienen la situación regulatoria y exigencias de otros operadores crediticios, lo que genera dificultad”, explican en el Ministerio de Economía.

Aclaran que la medida no sólo apunta al retail, sino a todas las empresas de servicios financieros, particularmente crediticios, y de transporte y telecomunicaciones. Los contratos de cada firma deberán contener explícitamente la información que requiera el Sernac Financiero, si tras analizarlos concluye que sus cláusulas vulneran la Ley del Consumidor.

Una vez detectados los contenidos que deben modificarse, el nuevo Sernac y el regulador respectivo elaborarán y emitirán el reglamento atingente, que llevará la firma del ministro del ramo y eventualmente hasta del Presidente de la República. En el caso de las operadoras del retail emisoras de tarjetas, será la Sbif la que actuará en conjunto con el Sernac.

Según la Sbif, el retail financiero tiene 16,2 millones tarjetas emitidas, cinco millones de ellas activas a marzo de este año. Registran 46,6 millones de operaciones por US$ 2.250 millones.

Visión de la industria

El gobierno estudia las figuras legales para implementar la medida e incluso se ha contactado con abogados de algunas de las firmas.

En el Comité de Retail Financiero de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), que reúne a las cadenas del sector, afirman que en las conversaciones con la autoridad se les ha planteado que la nueva regulación contemplaría, entre otras disposiciones, la obligación de entregar a los clientes un resumen de las principales cláusulas del contrato y redactar éste en un lenguaje simple y detallado sobre la tasa de interés aplicada al crédito, y las comisiones y seguros asociados a la operación. “Las empresas están cumpliendo las normas establecidas para los contratos en lo que dice relación con la tasa máxima convencional y cobro de comisiones. Pero hay que reconocer que las normas son tan alambicadas y complejas que muchas veces los clientes no son capaces de interpretar lo que tienen en frente”, dicen en la entidad gremial.

“Desde esa perspectiva, nos parece razonable que se establezca una regulación más fácil de leer y entender. Creemos que va en la dirección correcta”, añaden.

Pero también piden asegurar que ello no termine reglamentando el negocio comercial, el que, aseguran, ya fiscaliza la Sbif. A través de la circular número 17, de abril de 2006, el organismo supervisa a las siete cadenas de retail emisoras de tarjetas de crédito respecto del cumplimiento de las normas de la tasa máxima convencional (interés límite que se puede cobrar a los clientes por un crédito), comisiones y la entrega de información. Pero sólo puede ejercer una supervisión indirecta a las emisoras de tarjetas de crédito no bancarias a través de auditoras de confianza definidas por la propia Sbif. A los bancos los supervisa in situ (directamente).

El Banco Central, en tanto, desde marzo de 2006 fija requisitos prudenciales mínimos a emisores y operadores de tarjetas no bancarias que varían según su relevancia como medio de pago y riesgos que implica su aceptación por parte de otros comercios.

Fuente : La Tercera