Apenas llegó ayer al estadio La Portada de La Serena –donde presentó el nuevo diseño que tendrá el recinto deportivo–, el Presidente, Sebastián Piñera, fue alertado por sus asesores del fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que aplicó sanciones por un total US$ 38 millones a las farmacias Salcobrand y Cruz Verde por el denominado caso farmacias.

Finalizada la actividad, el Mandatario pidió conocer todos los detalles de la sentencia y coordinó con el ministro Andrés Chadwick (Segegob) –que lo acompañó en la gira– el mensaje que transmitiría el discurso.

El diseño de Palacio incluyó una fuerte ofensiva comunicacional, con vocerías del Presidente, Chadwick y del ministro de Economía, Pablo Longueira. El objetivo: reforzar el relato definido por el gobierno a mediados del año pasado, en medio de las protestas estudiantiles y del caso La Polar, en el sentido de que las prioridades del Ejecutivo apuntan a la defensa de los consumidores y la igualdad de oportunidades, y no sólo al crecimiento económico para alcanzar el desarrollo.

Así, Piñera recalcó su “compromiso con la protección de la libre competencia y los derechos de nuestros consumidores, con toda la fuerza del mundo”. Minutos después, Longueira llegó a La Moneda para señalar –en una rueda de prensa en el Patio de los Naranjos– que se trataba de un fallo “ejemplar” y que “los chilenos pueden tener la tranquilidad más absoluta” de que el resguardo a la libre competencia “está funcionando”.

Por la tarde, Chadwick reforzó la ofensiva, señalando que la sentencia es “aleccionadora” y que “ayuda a disuadir cualquier otro intento de sectores empresariales que quieran alterar las normas de la libre competencia”.

En el gobierno señalan que este diseño cuenta también con otra iniciativa en desarrollo: para marzo próximo se esperan las conclusiones de la comisión de expertos que estudia perfeccionamientos a la legislación sobre libre competencia.

El grupo fue creado hace un par de meses y está a cargo de decano de Economía de la U. Católica, Francisco Rosende.

Según ha trascendido en La Moneda, el propio Presidente Piñera se ha reunido con este grupo y le ha transmitido la aspiración de su gobierno de endurecer las normas que regulan la actuación de los miembros de los directorios de empresas.

Por ejemplo, dicen en el gobierno que dichos ejecutivos firmen alguna declaración en el sentido de que en sus respectivas empresas no existen prácticas que quebranten la libre competencia, como colusión.

De acuerdo con las mismas fuentes, el gobierno también se encuentra estudiando a fondo la posibilidad de que los casos de colusión reciban penas de cárcel y no sólo multas en dinero, como contempla la actual legislación. Si bien la decisión aún no está “cerrada”, en el Ejecutivo reconocen que una medida de ese tipo abre un fuerte debate al interior del grupo de expertos.

En todo caso, Longueira aseguró ayer desde La Moneda que dicha comisión asesora estudiará la posibilidad de aumentar las multas contra las firmas que incurran en delitos como los ocurridos en el caso de las farmacias.

Fuente : La Tercera