Tras casi dos años de discusión, finalmente ayer el Congreso aprobó el proyecto de ley que regulará a las micro, pequeñas y medianas empresas, más conocido como Estatuto Pyme.

El cuerpo legal ahora debe ser revisado por el Tribunal Constitucional (por su rango de Ley Orgánica Constitucional) para luego pasar a manos de la presidenta Michelle Bachelet para su promulgación.

El Ministerio de Economía espera que estos trámites estén listos a fines de noviembre o principios de diciembre para que se publique en el Diario Oficial antes de fin de año.

Incidencias

Ayer, el proyecto debía sortear la votación en la Cámara de Diputados, donde se debían aceptar sus artículos y las modificaciones añadidas en instancias anteriores (comisiones y Senado).

La votación fue unánime para todos los artículos, salvo aquel que plantea normas más estrictas respecto a ciertas conductas abusivas que podrían generarse por parte de grandes empresas hacia las mipymes. El artículo fue aprobado sólo por mayoría.

Reacciones

El ministro de Economía, Hugo Lavados, destacó el gran paso que se dio, asegurando que el trámite legislativo era el más difícil de lograr. Además, resaltó que las mipymes contarán por primera vez con normas especiales que «les nivelarán la cancha».

«Con esta aprobación se ratificó que existe una visión diferente respecto al desarrollo del país y a que las mipymes, al ser un gran aporte, deben ser apoyadas en forma prioritaria para que compitan bien con sus pares más grandes», sostuvo.

Arturo Lyon, presidente de Asimet, calificó el hecho como un avance, pues «es una forma de que muchas pymes tengan un tratamiento más amigable en temas laborales, medioambientales y en su relación con la Dirección del Trabajo». Por su parte Carlos Jorquiera, presidente de la CNC, rescató que el Estatuto «no tiene un carácter tan sancionador sino más bien de instrucción para que las pymes desarrollen su actividad sin ser amedrentadas por una legislación muy rigurosa».

Clasificación y criterios de protección a pymes

El proyecto define a las empresas de menor tamaño considerando sus ventas (neto de IVA e impuestos específicos):

– Microempresas: aquellas cuyas ventas anuales lleguen hasta las 2.400 UF ($ 50,5 millones).

– Pequeñas empresas: con ventas anuales mayores a las 2.400 UF y hasta las 25.000 UF (entre los $ 50 millones y $ 525 millones).

– Medianas empresas: ventas anuales superiores a las 25.000 UF y hasta las 100.000 UF (entre los $ 525 millones y
$ 2.100 millones). Las compañías cuyas ventas estén por sobre las 100.000 UF son consideradas grandes.

El texto legal aclara que ninguna norma o reglamento que se dicte en el futuro podrá ser aprobado por una institución pública sin revisar, previamente, su impacto en costo en las empresas de menor tamaño.Así también, establece que todas las instituciones deberán elaborar manuales para explicar en detalle los criterios que usan para fiscalizar, determinar infracciones y aplicar multas a las pymes.

Ayuda para iniciar una empresa

Según la Guía para la Creación de Empresas en Chile, de la Cámara de Comercio de Santiago, dentro de los costos más importantes para iniciar una empresa figuran la constitución de la sociedad, la autorización sanitaria y la obtención de la patente comercial. Procedimientos que pueden tardar alrededor de 6,5 meses para una empresa del sector industrial; 5,3 meses para una comercial (que incluya alimentos perecibles); y 3,8 meses para firmas que no están asociadas a perecibles.

El Estatuto Pyme busca agilizar este proceso a través del otorgamiento de permisos provisorios de funcionamiento por parte de todos los servicios que autorizan a cualquier empresa naciente, cuyo capital inicial no supere las 5.000 UF ($ 105 millones). Eso permitirá a las municipalidades entregar patentes provisorias y facilidades de pago (o que derechamente no las cobren).

Además, establece que habrá trámite simplificado para iniciar el funcionamiento de emprendimientos que no originen riesgos graves y que no estén sujetos a evaluación de impacto ambiental, obteniendo una autorización o permiso inmediato.

Relación conlas grandes empresas

Queda establecido que la mayoría de las cláusulas de la Ley de Protección al Consumidor, también afectarán a las pymes cuando éstas actúen como consumidoras, ya sea adquiriendo bienes o servicios.

Además, se sancionarán las prácticas de competencia desleal cuando las pymes sean las proveedoras. Por ejemplo, cuando la empresa compradora presiona al proveedor para que le otorgue mejores condiciones a las ofrecidas a su competencia; cambios unilaterales de cláusulas contractuales, o la transgresión sistemática de las fechas de pago acordadas.

En la Asociación Gremial de Industrias Proveedoras (AGIP) señalan que les parece muy importante que la ley proteja la libre competencia y fomente las buenas prácticas comerciales, especialmente para que los acuerdos y condiciones sean respetados por ambas partes. «Con estas medidas se entregan certezas financieras y contractuales a los proveedores, permitiéndoles crecer», dicen.

Fiscalización y multas por tamaño

A partir de ahora, y según establecerá el Código del Trabajo, las multas aplicadas a este sector tendrán relación con el tamaño de cada una de las empresas. Hasta 49 trabajadores, 1–10 UTM; desde 50 a 199 trabajadores, se mantiene el rango de 2–40 UTM; y a partir de los 200 trabajadores se mantiene el rango de 3–60 UTM.

Se impulsa un nuevo enfoque para la fiscalización sanitaria. La idea es orientar y capacitar a las entidades, más que sancionarlas. Por eso, se incorpora el concepto de la autodenuncia, que permitirá regularizar y corregir prácticas. También se establecen plazos de advertencia para modificar infracciones laborales.

Además, se mejora el modelo de reducción de multas, sólo si las entidades acreditan la corrección de la infracción dentro de los 15 días después de detectada. En el caso de las micro y pequeñas, al menos un 80% y para el resto de las empresas, al menos un 50%.

Apoyo a la reorganización o cierre

La tolerancia al fracaso es primordial para una cultura del emprendimiento. Para revertir el actual sentido del marco legal que establece la Ley de Quiebras –que coloca su acento en la quiebra «culposa» y castiga el fracaso– y acompañar a la pyme en su carrera empresarial, el estatuto establece que se va a crear un sistema de apoyo a la reorganización de empresas que presentan problemas para evaluar alternativas de reestructuración, o para hacer menos costoso el proceso de liquidación y menos severos los requisitos para intentarlo otra vez. Para ello, se nombrará a un asesor económico para reestructurar la entidad y hacer de mediador con los acreedores.

Acuerdos de Producción Limpia

Cada vez más los mercados exigen preocupación por el medio ambiente, y por eso esta ley introduce un marco normativo que incentivará a las empresas más pequeñas a asociarse para suscribir Acuerdos de Producción Limpia (APL) que tengan relación con normas sanitarias, ambientales o de eficiencia energética.

Además, en el caso de las mipymes que estén incumpliendo algunas de estas normativas, el Estatuto les asegura asistencia (asesoría) para lograr revertir esta situación.

Según el Consejo de Producción Limpia, actualmente hay siete sectores comprometidos con los APL: agropecuario; manufacturas; construcción; minería; pesca; hoteles y restaurantes; y servicios públicos. Entre los subsectores que ya los implementaron destacan, entre otros, el de buenas prácticas agrícolas en el área hortofrutícola; productores de cerdo, de cemento, de salmón y trucha, de pisco; congelados de pesca; servicios de alimentación; comida de servicio rápido; metalmecánico; y vitivinícola.

Cambios institucionales

La ley explicita el rol del Ministerio de Economía para promover el desarrollo de las pymes y facilitar su acceso a instrumentos de fomento.

En esa línea, la subsecretaría cambia de nombre a Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño (EMT), con el fin de profundizar la coordinación de políticas para el sector con el resto de los ministerios sectoriales, e impulsar una política con sus servicios relacionados.

Asimismo, se crean dos instancias: la División de EMT en el Ministerio de Economía, y un Consejo Consultivo Público–Privado de las EMT. Este consejo estará presidido por el ministro de Economía y tendrá la participación de instituciones públicas (Corfo, Sercotec, ProChile), seis representantes de confederaciones gremiales, uno de asociación exportadora, uno del mundo académico, uno del mundo municipal, uno de ONG y uno del Consejo de Innovación.

Fuente : El Diario Financiero