La decisión está tomada. No habrán propuestas de cambios en materia de libre competencia hasta la próxima administración.

El subsecretario de Economía, Tomás Flores, dijo que las penas de cárcel para los delitos de colusión «es una discusión pendiente», la cual deberá abordar el próximo gobierno.

Todos los actores involucrados en libre competencia coinciden en que las conclusiones de la Comisión Rosende (realizada a comienzos de año a petición del presidente Piñera y que buscaba ideas para modernizar las normas en la materia) son relevantes. Sin embargo, las diferencias aparecen al momento de definir si se debe penalizar con cárcel este tipo de delitos, o bien si es posible que la justicia penal y la especializada puedan convivir en armonía. Es más, en la propia comisión asesora existieron diferencias entre sus miembros sobre este último punto.

Y tras la determinación de la Corte de Apelaciones que obligó al Ministerio Público a llevar el caso farmacias hasta las últimas consecuencias –y dejar nulo el acuerdo que incluyó mandar a estudiar ética a algunos ejecutivos–, la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte no sólo buscará a toda costa una condena, también buscará justificar su ingreso a un proceso que vulnera los principios de libre competencia a través de un tipo penal nunca utilizado, especialmente cuando existe una institucionalidad especializada.

En la arena de la libre competencia consideran que un sobreseimiento de los ejecutivos por parte del tribunal oral en lo penal no habría sido del todo negativo. Principalmente porque hubiera quedado consignado en jurisprudencia que el añoso artículo 285 (utilizado por el Ministerio Público para llevar a sede penal a los involucrados y que data del 1.800), no sería válido para los casos de colusión. Pero no fue así. Y se mantiene abierta la puerta para cualquier otro ingreso del Ministerio Público en casos de Libre Competencia.

Todo, según abogados vinculados a este tipo de casos, iría en desmedro de la figura de la delación compensada o autodenuncia, que considera menores penas para quien revelen un cartel.

«Estamos viendo muy de cerca ese caso (farmacias) y lo que va a suceder con el veredicto. Es lo que la autoridad del próximo gobierno deberá tomar para modificar la ley en un sentido o en otro», dijo Tomás Flores. Sobre la delación compensada, el subsecretario precisa: «El fiscal lo ha dicho y probablemente ya no denunciarán para acogerse a la delación compensada puesto que está la posibilidad de una arista penal».

El problema sería que la certeza para el delator es clave para que se logren pesquisar más ilícitos en otras actividades económicas distintas a la industria farmacéutica.

Fuente : Pulso