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Institucionalidad de Libre Competencia

Institucionalidad de Libre Competencia
15 enero, 2014

En la medida que los ciudadanos perciben la utilidad de las instituciones y de las políticas públicas, cinta–mente comienzan a hacer uso más intensivo de ellas. Y sin duda en la efectividad de su actuar juegan un rol relevante las políticas públicas y normas que regulan. Un claro ejemplo de ello lo constituye la institucionalidad de libre competencia. El Tribunal de la libre Competencia (TDLC) recibió en 2013 el mayor número de casos de los últimos cinco años, al totalizar 25, mientras que en 2012 apenas fueron 9. Entre las causas contenciosas en proceso ante el TDLC, la conducta que predominó fue el abuso de posición dominante con el 44% de los casas, seguida por la colusión con un 14% y la competencia desleal con un 13%. Esto revela que tanto consumidores como pymes han ido validando este canal para las denuncias por malas prácticas competitivas ya que constituyen a la vez las principales quejas de los actores de menor tamaño cuando de evaluar el funcionamiento del libre mercado se trata. Los moradas involucrados en el mayor número de denuncias fue el de telecomunicaciones con un 15%, seguida por los de retail y concesiones, ambos con un 9% y los de transporte y alimentos y bebidas, cada uno con un 8%. El mayor conocimiento sobre el rol que desempeñan tanto la FNE como el TDLC y su eficacia para poner atajo a prácticas abusivas que han permanecido en el mercado por décadas, sumado a casos emblemáticos, de alto impacto público, ligado a pymes y consumidores, constituyeron un aliciente para la presentación de denuncias.

En el importante salto experimentado entre 2012y 2013 en el número de causas vistas por el TDLC también jugaron un importante rol las modificaciones introducidas en la ley que rige a la libre competencia en el país, que le otorgaron a la Fiscalía Nacional Económica mayores atribuciones para investigar, y a que ésta hizo uso de ellas iniciando escudos en mercados sobre los cuales pesaba desde hacía décadas denuncias informales sobre malas prácticas, dándose así los primeros pasos para resolver situaciones que impiden una competencia justa y enriquecedora en los diferentes mercadas, que directamente beneficia a los consumidores y a la sociedad como un todo.

Fuente : Estrategia