La discusión sobre cómo abordar la reforma laboral ha copado la agenda de los dirigentes de gremios empresariales en los últimos días.

Tras el cambio de gabinete, las primeras señales les dieron un respiro al empresariado con la incorporación del economista Rodrigo Valdés al Ministerio de Hacienda y de la nueva ministra del Trabajo, Ximena Rincón, quien anunció que se revisaría la reforma laboral.

A ello se sumó el rechazo de Valdés a las iniciativas de que las negociaciones colectivas se puedan realizar por ramas y a que las negociaciones colectivas partan sobre un piso base amarrado al IPC, que fue considerado un rayado de cancha favorable a la empresa.

Sin embargo el respiro fue corto. Sólo 24 horas después, el jefe de la billetera fiscal dijo que «no vamos a moderar las reformas, porque los empresarios lo pidan».

Esta señal de que no habría modificaciones profundas al proyecto, hicieron nuevamente aflorar las dos almas y, por tanto, las dos tácticas, con que el empresariado enfrentará la discusión legislativa del proyecto: mientras la CPC –dirigida por Alberto Salas y el titular de la Comisión Laboral, Andrés Santa Cruz– buscaría aferrarse al programa del gobierno de Bachelet, de manera que el articulado de la reforma se ciña exclusivamente a él para «evitar que se pase de una mala reforma a una peor», otro grupo, denominado «Comité Laboral Pro Empresa» liderado por la Sofofa, iría por una posición más dura y al ataque.

Del lado más consensual, uno de los líderes empresariales recuerda que «de esas conversaciones (con el gobierno), advertimos que el peligro mayor no era que la reforma mejorara, sino que empeorara. Todo lo que se ha ido discutiendo en el Congreso, ha sido para peor. No hemos logrado convencer a nadie. Algo conseguimos en el paquete inicial, pero después lo revirtieron. Podemos terminar con una legislación mucho peor, por lo que aspiramos a que se retome lo planteado en el programa» gubernamental de la Presidenta Bachelet.

Sin embargo, los del bloque liderado por el presidente de la Sofofa, Hermann von Mühlenbrock; de la Cámara Nacional de Comercio, Ricardo Mewes, y de los emprendedores, Juan Pablo Swett, que agrupan a 50 gremios y empresas, tienen una visión más crítica y mantienen la esperanza de modificaciones más profundas al proyecto.

Estos últimos decidieron dar la pelea contra la iniciativa formando un comité paralelo a la Comisión Laboral de la CPC llamado Comité Laboral Pro Empresa, que aspira a ser la contraparte técnica del empresariado ante el Gobierno, después de que «la CPC no obtuviera ningún resultado de las largas conversaciones con el Gobierno», reclama un integrante.

El dilema del empresariado

Ambas veredas critican que no se le dé al empresariado un espacio de negociación. ¿Entonces qué se hace? En la línea más moderada, el presidente de la Sonami y CPC, Alberto Salas, junto a la comisión laboral de la entidad gremial estarían dando la pelea por incluir en la reforma cambios que apunten a fortalecer lo que antes llamaban flexibilidad y que hoy califican de adaptabilidad laboral. Aunque de todos modos tratarán de incidir en cambios al menos puntuales en lo que se refiere a la extensión de beneficios de las negociaciones colectivas a todos los empleados de una empresa, la mantención de los servicios mínimos durante una huelga y el descuelgue de los trabajadores en las movilizaciones.

Mientras que desde el otro bloque se busca formular indicaciones amarradas a lo establecido por la OIT.

«Hemos llegado a la conclusión de que esta reforma se contrapone a los estándares de la OIT con respecto al reemplazo en huelga, la titularidad sindical y la extensión de beneficios», dijo el líder de los emprendedores, Juan Pablo Swett.

Las propuestas de este comité serán presentadas cuando la reforma llegue al Senado.

Fuente : La Segunda