«EL foco del proyecto debería estar puesto en la solución rápida y oportuna de los problemas del consumidor y no tanto en las sanciones», dice Claudio Ortiz, el ingeniero comercial de la Universidad de Chile que preside la comisión que hace algunas semanas formó la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), para analizar la reforma al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) que prepara el gobierno. Esta dota a la entidad de facultades tan poderosas como, por ejemplo, multar a las empresas o allanarlas sin autorización judicial.

Ortiz, quien además es gerente general del Comité de Retail Financiero, confía en que el proyecto del Sernac seguirá la ruta de la reforma tributaria, sumando distintas visiones y consensos. En el sector privado hay preocupación por los alcances de la norma y analistas ya anticipan que todo podría terminar en tribunales, pues el proyecto tendría visos de inconstitucionalidad.

Pero Ortiz no cree que el agua llegue al río. Confía en que el gobierno se abrirá a los cambios, dice que su sector quiere una ley que «nos sirva a todos» y que están de acuerdo en darle más poder al Sernac.

Pero nunca tanto. Hace algunas semanas, la Sofofa le encomendó liderar un comité integrado por altos ejecutivos de empresas se servicios masivos como retail, telecomunicaciones, gas, supermercados, electricidad, sanitarias, autopistas, etc. Ya se reunió con el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, y el equipo técnico del gobierno que trabaja en el proyecto, y tiene agendada una nueva cita para seguir el trabajo. «Nos interesa tender puentes con el Ejecutivo. Estamos apoyando la idea de legislar, porque creemos que es importante perfeccionar la institución. Pero bajo un proceso gradual, no con este exceso de atribuciones que se está planteando. Estimamos que el proyecto debe ir acorde con ese nivel de desarrollo de nuestra economía», dice.

¿Es tan excesivo el proyecto?

Desde la década de los 90 hasta la fecha, cada uno de los gobiernos ha hecho aportes importantes en esta materia y, por ende, esta nueva reforma hay que abordarla desde la lógica de un proceso gradual de perfeccionamiento y no desde una mirada refundacional. A este proyecto se le está incorporando una gran cantidad de nuevas atribuciones, como normar, interpretar, fiscalizar, sancionar, juzgar y mediar… Estas nuevas atribuciones generan un organismo híbrido, que es una mezcla a ratos de superintendencia, fiscalía económica y un tribunal. Y esto conlleva necesariamente una concentración y confusión de roles. También desintermedia a los juzgados de policía local, perdiéndose todo su conocimiento sobre la materia en décadas. Los consumidores perderán cobertura, aumentarán sus costos y todo sería más lento.

¿En qué sentido?

Esta confusión de roles va a generar un subsidio cruzado e indeseado entre estas nuevas atribuciones del Sernac, porque al estar todas juntas se corre el riesgo de que no existan las separaciones adecuadas para asegurar el debido proceso y la solución a esta confusión de roles no se resuelve con la construcción de murallas chinas. Coincidimos con quienes han planteado la necesidad de separar estos roles, pero nos cuesta entender que en la práctica se puedan construir estas murallas.

¿Por qué?

Porque estas murallas chinas a nivel nacional van a generar un costo que no podrá ser cubierto en el presupuesto, porque habrá que aumentar la burocracia y aunque se levanten esas murallas, habrá un director nacional que tendrá la facultad de mirar por encima de esas murallas. Y esto va a debilitar el instrumento más importante que tienen los consumidores, que son las mediaciones tanto individuales como colectivas, que se han convertido en el instrumento para resolver en forma rápida y oportuna las diferencias entre consumidores y proveedores. Las mediaciones individuales muestran que en el 60% de los reclamos el Sernac resuelve favorablemente para los consumidores y en no más de 35 días, y eso es algo positivo.

El Sernac recibe más de 300 mil reclamos cada año de consumidores. ¿Esa cifra les parece baja?

Tener 300.000 reclamos al año no es para decir que la economía está desbordada. Esto se debe mirar en relación con el volumen de transacciones. Sólo en el mercado que aborda el retail financiero tenemos 220 millones de transacciones al año. Todas las empresas realizan importantes esfuerzos por bajar los reclamos y eso es parte de sus diarios desafíos, pero mi pregunta es ¿cuál es la meta del gobierno? ¿Quiere llevar los 300 mil reclamos a cero o al 50%? o ¿a cuánto? Si el objetivo es bajarlos a cero es una misión imposible, dado el nivel de actividad de la economía. No tengo duda de que los reclamos a nivel individual son importantes y que todos tenemos que agotar los esfuerzos para resolverlos en forma equilibrada.

Ya se habla de visos de inconstitucionalidad. ¿Es un riesgo real?

El proyecto otorga atribuciones para normar e interpretar en general, junto a otras importantes atribuciones. Al existir estas atribuciones puede llevar a riesgos de conflictos de competencias y atribuciones con las superintendencias, donde deberá intervenir la Contraloría.

Los expertos anticipan problemas…

El proyecto contiene excesos y faltas al debido proceso, como por ejemplo, el uso de acciones de fuerza del Sernac, acudiendo a la fuerza pública sin consulta previa a la Corte y eso no sólo lo podrá instruir el director nacional y el director regional. Lo hará cualquier funcionario, y eso es grave. Sin ser abogado creo que es un exceso y que es fácilmente corregible. Los vicios de constitucionalidad se deberán analizar después de que se incorporen las modificaciones anunciadas por el Ejecutivo. También se deberá analizar el gobierno corporativo, la incorporación de una etapa conciliatoria y el tema del daño moral en las demandas colectivas.

Fuente : La Tercera