Tras reunirse con la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alberto Salas, señaló que espera «haya espacio» para realizar cambios al proyecto de reforma laboral que se comenzará a debatir el próximo 6 de julio en el Senado.

Según el líder empresarial, la iniciativa no se hace cargo de la situación de los desempleados ni de la las pymes. Además, contiene varios puntos que van contra la libertad de asociación y sindical, y genera importantes desequilibrios entre trabajadores sindicalizados y quienes no lo están.

¿Cuáles son los puntos que desde su punto de vista deben ser modificados en el Senado?

El proyecto actual deja fuera puntos clave para el buen funcionamiento de la empresa que esperamos sean repuestos, como permitir el reemplazo en huelga; las sanciones para quienes ejerzan violencia en el ejercicio de la actividad sindical; la sanción para el sindicato del día después; la posibilidad del descuelgue individual de los trabajadores durante la huelga, entre otros. También esperamos que se modifique la manera en que queda estipulada la negociación interempresa y la negociación de federaciones y confederaciones, que se oponen al objetivo declarado por la autoridad, de promover la negociación colectiva sólo en el nivel de la empresa.

El gobierno y la CUT aseguran que la titularidad sindical es el corazón de la reforma ¿Qué debiera cambiarse en esta materia?

Los empresarios somos partidarios y apoyamos la existencia de sindicatos, ya que son una instancia legítima de representación de los trabajadores y una buena forma de negociar beneficios que redundan en el bien de todos. Pero deben ser asociaciones libres, donde quienes están ahí lo hagan por su propia voluntad. Otorgar por ley el monopolio de la negociación colectiva a sindicatos sin considerar su representatividad es discriminatorio. A la vez, prohibir que en los establecimientos o faenas en que no existan sindicatos los trabajadores puedan unirse para negociar colectivamente, por el hecho de existir al menos un sindicato en otro establecimiento, es arbitrario y contrario a la realidad del trabajo. Así, por ejemplo, no es lógico que las condiciones de trabajo de la oficina corporativa de una minera sólo puedan ser negociadas colectivamente por alguno de los sindicatos que están en una mina, porque las condiciones y los intereses de los trabajadores son completamente distintos. Por otra parte, y para no afectar el derecho a negociación colectiva de la mayoría de los trabajadores de la empresa, es importante que la titularidad de la negociación colectiva por parte de el o los sindicatos siempre exija que ellos tengan un mínimo de representatividad.

¿Y en el caso del no reemplazo en huelga?

La huelga es un mecanismo que debe estar circunscrito a lo que se está negociando. Por lo mismo, no puede producir un daño superior a la materia negociada, como sería el cierre de una fundición a causa de una negociación. Por eso es tan importante la posibilidad de reemplazo por parte de los trabajadores de la misma empresa. Si eso se termina, se pueden producir serios daños a muchas empresas que verán aumentar la conflictividad y disminuir su productividad, afectando también a consumidores y usuarios. También es importante que, pasado un mínimo de días, se preserve el derecho de los trabajadores involucrados en la huelga de poder decidir individualmente y descolgarse de ella. Asimismo, debiera reconocerse la facultad que un porcentaje del total de los trabajadores en huelga –un 10% por ejemplo– después de transcurridos más de 10 días en huelga, puedan citar a la asamblea de todos los involucrados, para que en votación secreta, puedan poner término al conflicto.

Respecto de la definición de los servicios mínimos. ¿Qué empresas deben contar sí o sí con estos?

Los servicios mínimos corresponden a actividades muy diversas, pero todas tienen en común que su paralización o discontinuidad afecta gravemente su funcionamiento, causando serios perjuicios y a veces daños irreparables, a los usuarios, los consumidores, los trabajadores o la misma empresa. Por ejemplo, le puedo mencionar los servicios de salud, la entrega de colaciones en una escuela pública, el Metro o los buses del Transantiago, el pago a de las pensiones a los jubilados, etc.

¿Falta precisar este concepto?

La manera en que el proyecto plantea cómo se definirán servicios mínimos puede llevar en la práctica a que muchos casos terminen en juicios, por la dificultad de que la empresa se ponga de acuerdo con el sindicato. Por eso, creemos que la legislación debería prever que dicha divergencia fuese resuelta por un órgano independiente y no por el Ministerio del Trabajo o el ministerio o empresa pública concernida. En tal sentido, es razonable que las empresas sometidas a la supervisión de una Superintendencia, sea ésta quien defina los servicios mínimos de las actividades o servicios que prestan.

El Ejecutivo eliminó la indexación del IPC como piso de negociación ¿Lo ven como un guiño al sector privado?

Considerar los ciclos económicos a los que están expuestas las empresas nos parece totalmente necesario a la hora de negociar colectivamente, si no se quiere poner en riesgo la subsistencia de la empresa, especialmente de las pymes, donde podrían perderse puestos de trabajo. Por ello, consideramos errada la idea establecer un piso en la negociación colectiva.

¿Y la eliminación de la gradualidad en pactos de adaptabilidad?

Está probado que los pactos de adaptabilidad son siempre muy positivos, porque son la mejor manera de lograr beneficios tanto para trabajadores como para la empresa, y de mejorar la productividad. Por eso, la Ocde los recomienda en el caso chileno. Pero al estar condicionados a que el sindicato tenga más del 30% de los trabajadores afiliados, resulta una medida muy limitada, que sólo podrá aplicarse en grandes empresas, dejando fuera a las pymes que son las que más necesitan pactar horarios y otras materias. O sea, donde hay sindicatos chicos, nunca habrá pactos de adaptabilidad.

También se hace necesario ampliar los pactos de adaptabilidad, para que esta herramienta sea realmente útil, sobre todo para darles la oportunidad de trabajar a mujeres, madres de familia con niños pequeños, personas de la tercera edad, o estudiantes que requieren de normas adecuadas para estudiar y trabajar simultáneamente.

Durante la votación del proyecto en la Cámara se rechazó la norma que prohíbe la huelga en empresas estratégicas. ¿Esperan que la indicación que presentará el gobierno sea lo suficientemente clara para evitar vacíos en la ley?

Prohibir la huelga en empresas estratégicas obedece a un mínimo de responsabilidad y sensatez. Imagínese estamos hablando de empresas que atienden servicios de utilidad pública, como la generación eléctrica o el suministro de agua potable, o el abastecimiento de otros servicios esenciales para la población, o la seguridad nacional. No puede ponerse esto en juego. Esperamos que se reponga esta norma, que actualmente está vigente en el Código del Trabajo, con la máxima claridad para que no surjan interpretaciones que terminen dañando a la ciudadanía.

¿La postura del empresariado en el Senado será expuesta por el Comité Laboral de la CPC o por la instancia que lleva adelante la Sofofa, la CNC y la Asech?

Aquí tenemos una visión global de todo lo que esta reforma implica y trabajamos en forma coordinada con el Comité Laboral que usted menciona, el cual tiene la particularidad de recoger la realidad específica de diversos sectores productivos. Ambas instancias coincidimos en la postura frente al proyecto laboral y en los puntos que debieran mejorarse para aminorar sus efectos negativos.

Además de la reunión que sostuvieron ayer con la ministra Rincón ¿Tienen programados encuentros con otros actores?

La CPC mantiene un diálogo permanente con todas las organizaciones sindicales y siempre está en nuestro espíritu y aspiración la búsqueda de acuerdos. Además de nuestra reunión con la ministra del Trabajo, tenemos prevista una con la presidenta de la CUT y con el ministro de Hacienda, y estamos sosteniendo encuentros de trabajo con senadores. Pero a pesar de nuestro ánimo colaborativo, el proyecto laboral que hoy se está discutiendo creemos que está lejos de ser lo que nuestro país necesita, sobre todo en momentos en que la economía muestra claros signos de desaceleración, con un crecimiento decepcionante y una inversión que no repunta. Esta reforma definitivamente no es pro empleo y viene a agregar más incertezas y aprensiones al deteriorado clima político, social y económico que atravesamos hoy.

Desaceleración

Respecto a la desaceleración de la economía ¿En qué se ha equivocado el gobierno de la Presidenta Bachelet en estos 15 meses?

Necesitamos urgentemente reactivar la economía. El Imacec muestra que la actividad económica se ha deteriorado, creciendo a tasas por debajo del 2%. Respecto a la inversión, ya acumulamos siete trimestres de bajo desempeño y las proyecciones se auguran negativas. El ministro de Hacienda ha señalado en estos días que 2015 ya está jugado y que los esfuerzos deben centrarse ahora en el año próximo. El propio Banco Central ha señalado que entre las causas principales de este fenómeno están los factores internos. Y aquí son clave el ambiente de incertidumbre imperante y el deterioro de las expectativas, causados en gran medida por la gran cantidad y el contenido de reformas profundas y simultáneas que están en curso o en anuncio. Esto ha influido también en la crisis de confianza en que estamos inmersos, donde todos los actores tenemos nuestra cuota de responsabilidad. No quiero decir con esto que nos opongamos per sé a las reformas, de hecho, algunas son necesarias. Pero, instrumentos adecuados, buenos contenidos, gradualidad y oportunidad de las reformas, son los requisitos indispensables para que el ambiente vaya mejorando.

Tras las aprobación de la reforma laboral el próximo paso será la constitucional ¿La revisión de los derechos de propiedad es un tema que podría ahondar esta crisis?

Por ahora, poco sabemos de la reforma constitucional. ¿Qué objetivo busca, qué se quiere cambiar, en qué consiste el proceso constituyente? No sabemos. Y eso hace que cualquier persona sensata diga «voy a esperar tener las reglas del juego claras antes de invertir recursos en un proyecto». La eventual revisión de los derechos de propiedad claramente aumenta la incertidumbre, porque no sabemos para dónde va. Creo que es un error iniciar un proceso con apuro y sin que conozcamos el objetivo, en una materia tan fundamental como nuestra Constitución que ha dado la estabilidad y certezas indispensables para el progreso alcanzado por Chile las últimas décadas.

Fuente : La Tercera