La fábrica de indumentaria que se derrumbó en Bangladesh y dejó un saldo de más de 1.100 muertos es uno de esos acontecimientos que parecen unir

La trabajadores, gobiernos y empresas para prevenir el siguiente desastre.

Grandes firmas minoristas europeas como Carrefour, H&M y Marks & Spencer han acordado un plan para mejorar la seguridad en las fábricas de ropa de Bangladesh. Pero se verán en situación de desventaja competitiva en relación con gigantes minoristas estadounidenses como Gap y Wal–Mart, que se han negado a participar con el argumento del temor a la responsabilidad legal.

Algunos dicen que se trata de temores exagerados y que reflejan la obsesión por la responsabilidad legal en EE.UU., en detrimento de los trabajadores cuya vida corre peligro.

«Si esas firmas minoristas estadounidenses reúnen a veinte abogados en un mismo espacio, empiezan a hablar de demandas legales y viven un ataque de angustia colectiva», declaró al New York Times Philip J. Jennings, de Uni Global Union, que representa a 20 millones de trabajadores. Los abogados laborales afirman que las empresas minoristas deberían haber adoptado un plan de seguridad antes, sobre todo desde que un incendio en una fábrica de buzos de Bangladesh dejó un saldo de 21 muertos en 2010. «Era lo que había que hacer hace tres años, pero no lo hicieron», dijo al New York Times Ineke Zeldenrust, que coordina la Campaña Ropa Limpia, que se opone a los talleres de trabajo esclavo.

Las compañías se muestran renuentes a gastar el dinero necesario para mejorar la seguridad de las fábricas por más que «el gasto sería una pequeña parte de los 18.000 millones de dólares en ropa que exporta Bangladesh todos los años», indicó el New York Times.

Una de las luchas para proteger a los trabajadores en Nueva York se centró en una ley que exigía que más compañías privadas ofrecieran licencia paga por enfermedad a sus empleados. Si bien la medida apuntaba a proporcionar una red de seguridad a los trabajadores más vulnerables de la ciudad, en su mayor parte inmigrantes que trabajaban en limpieza y en restaurantes, la presidenta del Consejo Municipal, Christine C. Quinn, bloqueó la votación durante tres años, informó el New York Times. Quinn sostenía que «la economía está demasiado frágil para imponer nuevos costos a las pequeñas empresas».

Quinn, que compite por la alcaldía, trabaja con energía en el fortalecimiento de sus relaciones con la comunidad empresarial. Por fin llegó a un acuerdo con quienes apoyaban la ley como consecuencia de las conferencias de prensa en las que se la instaba a permitir la votación, así como de los vehementes pedidos de sindicatos, funcionarios electos y activistas», señaló el New York Times.

Las regulaciones de seguridad débiles no son patrimonio de países en vías de desarrollo como Bangladesh. En Texas, la aversión a las regulaciones contribuyó a una gran explosión en una fábrica de fertilizante en la pequeña ciudad de West. Catorce personas murieron, doscientas resultaron heridas y la explosión destruyó buena parte del pueblo. El episodio llevó a un primer plano los riesgos del sector industrial del estado, dado que tiene un récord aterrador de muertes en lugares de trabajo.

La respuesta, sin embargo, fue ambivalente. «La actitud de laissez faire en relación con la supervisión y regulación gubernamental tiene sus efectos en la seguridad», declaró al New York Times el senador Rodney Ellis, un demócrata. Otros funcionarios, como Tom my Muska, alcalde de West, dijeron al New York Times que una reglamentación más estricta no habrían salvado al pueblo.

El gobernador Rick Perry insiste en que no hace falta más regulación. Los texanos, dijo, «transmitieron que les incomoda tanto control».

Fuente : La Segunda